La emergencia humanitaria que atraviesan varias comunidades del Chocó tras el sismo de magnitud 7,3, registrado el pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, se ha visto agravada por hechos violentos atribuidos a la confrontación entre el Clan del Golfo, autodenominado EGC, y el ELN en sectores de los municipios de Sipí y Nóvita.
Según la Defensoría del Pueblo, las acciones de los grupos armados ilegales han incrementado el riesgo para comunidades afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario ACADESAN y para población indígena Emberá.
Uno de los hechos reportados ocurrió desde el 10 de agosto en la comunidad de San Agustín, en Sipí, donde presuntos integrantes del EGC permanecieron durante tres días e impidieron a los habitantes desarrollar actividades agrícolas, pesqueras y forestales, además de sus prácticas tradicionales.
Posteriormente, durante una visita realizada por la Defensoría del Pueblo el 19 de agosto, se conoció el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento generado por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. La situación afecta a seis comunidades de Sipí y Nóvita, conformadas por aproximadamente 405 familias y 1.366 personas, algunas de las cuales fueron evacuadas hacia Barranco e Istmina.
A esta situación se sumó un ataque registrado el 23 de agosto, cuando un artefacto aéreo no tripulado cargado con explosivos improvisados fue utilizado en la zona y dejó heridas a tres personas civiles, dos hombres y una mujer.
Tras este hecho, 90 familias, correspondientes a 118 personas, se desplazaron hacia las comunidades de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo. Sin embargo, estas poblaciones también enfrentan restricciones a la movilidad y presencia de grupos armados, por lo que permanecen en condiciones de confinamiento.
De acuerdo con la Defensoría, la situación afecta en conjunto a 384 familias y 1.339 personas, quienes además expresaron preocupación por la posible presencia de artefactos explosivos en sus territorios debido al uso reciente de drones con cargas explosivas.
La entidad recordó que los riesgos para la población civil ya habían sido advertidos mediante la Alerta Temprana 012 de 2022 para Sipí, en la que se identificaron amenazas relacionadas con la disputa territorial entre grupos armados ilegales.
La Defensoría señaló que las comunidades afrocolombianas de ACADESAN enfrentan una situación especialmente compleja, debido a que también resultaron afectadas por el sismo del 10 de agosto y las condiciones de seguridad han dificultado la llegada y distribución de ayudas humanitarias.
Ante este panorama, el organismo pidió a los grupos armados respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo a la población civil.
También solicitó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de las personas afectadas, activar las rutas de atención humanitaria y mantener vigilancia permanente ante posibles nuevos desplazamientos o confinamientos.
La Defensoría pidió además fortalecer la atención a las víctimas, con especial protección para niños, niñas, adultos mayores y comunidades étnicas, así como implementar medidas de protección y realizar una misión interinstitucional que permita verificar las condiciones de las poblaciones afectadas y establecer sus necesidades.
Fuente: Defensoría del Pueblo.
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