Varias empresas de vigilancia privada enfrentan procesos administrativos por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y control de armas.
Entre las medidas adoptadas se encuentran cancelaciones de licencias, decisiones que aún no están en firme y suspensiones mientras avanzan los respectivos procedimientos.
Los casos están relacionados con posibles incumplimientos en la operación de las compañías, así como con investigaciones sobre presuntos vínculos con estructuras criminales y fallas en el control del armamento.
Los procesos continúan en diferentes etapas y algunas de las decisiones todavía pueden ser objeto de recursos.
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