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Liberia acordó recibir hasta 1.200 personas deportadas desde Estados Unidos que no son ciudadanos de ese país africano, como parte de un acuerdo con la Administración de Donald Trump. El Gobierno liberiano informó que las personas serán trasladadas durante el próximo año y que el primer grupo, compuesto por 20 deportados, está previsto para llegar el jueves.
Los deportados procederán de distintas regiones, incluidos otros países africanos, Norteamérica, Sudamérica y el Caribe, según explicó el ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah. El acuerdo se enmarca en la estrategia de Washington para ampliar las deportaciones hacia terceros países.
El Gobierno liberiano prevé recibir a las hasta 1.200 personas durante un periodo de un año. El primer grupo estará integrado por 20 deportados, cuya llegada está prevista para este jueves.
El ministro de Justicia, Natu Oswald Tweh, afirmó que Liberia examinó previamente la lista de personas que serán trasladadas.
Según el funcionario, la mayoría son personas que han cometido infracciones o delitos relacionados con su situación migratoria en Estados Unidos.
Piah explicó que, una vez en Liberia, los deportados podrán solicitar asilo en el país. También aseguró que tendrán la posibilidad de abandonar Liberia cuando lo deseen.
Varios colombianos fueron deportados como parte de estos acuerdos a la República Democrática del Congo hace unos meses.
Liberia recibirá asistencia estadounidense para gestionar el programa y fortalecer su sistema migratorio, de acuerdo con las autoridades del país africano.
El Gobierno liberiano presentó la decisión como una medida de carácter humanitario y vinculada con su propia historia.
Piah aseguró que el país pretende proporcionar a las personas trasladadas el apoyo necesario para que puedan solicitar protección y permanecer seguras durante su estancia.
El Gobierno no especificó si entre las personas que serán enviadas a Liberia, existen migrantes que cuentan con órdenes de protección emitidas por jueces de inmigración estadounidenses.
Los abogados advierten que esta situación puede dejar a algunas personas ante la disyuntiva de permanecer en un país extranjero o regresar finalmente a sus lugares de origen, incluso cuando habían alegado que enfrentaban riesgos de seguridad allí.
Fuente: La FM – Juan Camilo Cely
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