El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en varios municipios del Tolima, ante los indicios que apuntan a que algunos de los incendios forestales registrados en el departamento podrían haber sido provocados de manera deliberada.
El mandatario calificó la situación como “gravísima” y señaló que las autoridades deberán investigar con rigor las denuncias sobre el presunto uso de acelerantes y la presencia de hombres en motocicleta que, según reportes de autoridades locales, estarían prendiendo fuego de manera intencional en zonas de Suárez, Coello y San Luis.
De La Espriella sostuvo que las investigaciones deberán determinar el origen de los incendios y establecer si existe responsabilidad de personas que hayan actuado de manera deliberada para generar la emergencia.
El Presidente también denunció que algunas personas estarían obstaculizando las labores de los organismos encargados de controlar las llamas. Ante esta situación, pidió garantizar la seguridad de los bomberos y demás equipos de emergencia que trabajan en las zonas afectadas.
Actualmente, cerca de 205 bomberos, aproximadamente 20 unidades de apoyo y medios aéreos participan en las labores de atención de los incendios. A estas operaciones se suman integrantes de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Fuerza Aeroespacial, la Aviación de la Policía y la Aviación del Ejército.
Las autoridades también analizan la posibilidad de que la generación deliberada de incendios pueda estar relacionada con acciones destinadas a distraer a los organismos de seguridad y facilitar otros hechos contra la población o la infraestructura.
Como medida adicional, el jefe de Estado instruyó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para solicitar apoyo internacional a Chile y Estados Unidos, con el fin de fortalecer las capacidades disponibles para combatir los incendios forestales.
El Gobierno Nacional aseguró que se utilizarán los recursos necesarios para atender la emergencia, proteger a las comunidades y garantizar que las investigaciones permitan identificar a los responsables, en caso de comprobarse que hubo incendios provocados.
Las autoridades mantienen los operativos en los municipios afectados mientras avanzan las investigaciones sobre el origen de las conflagraciones.
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