Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes plantea nuevas herramientas para enfrentar la extorsión en Colombia y mejorar la atención a las personas afectadas, especialmente en zonas rurales y entre integrantes de las juntas de acción comunal.
La iniciativa radicada por el representante a la Cámara, Milton Carreño, propone que bancos, billeteras digitales, empresas de giros y cooperativas conserven durante un máximo de dos horas los registros relacionados con posibles pagos de extorsión. La propuesta aclara que esta medida no busca inmovilizar los recursos, sino preservar información que pueda servir a las autoridades en una investigación.
El proyecto establece además que las entidades financieras y las empresas de telecomunicaciones deberán suministrar la información requerida por las autoridades en un plazo de hasta 24 horas, siempre que se hayan cumplido los requisitos legales.
En cuanto a las víctimas, el texto plantea medidas de atención en salud mental, continuidad de los servicios médicos, apoyo en materia educativa y la posibilidad de suspender determinados plazos tributarios. También establece un término de hasta diez días hábiles para que la Fiscalía certifique los casos y propone un canal reservado de atención a través de los grupos GAULA.
La propuesta incluye medidas dirigidas a las extorsiones que se realizan desde las cárceles. Entre ellas está el bloqueo de equipos y líneas identificados por el INPEC, la eliminación de puntos de conexión eléctrica utilizados para cargar celulares no autorizados y mayores controles para la activación de líneas prepago.
El objetivo es evitar que las víctimas queden expuestas durante el proceso de denuncia y facilitar la conservación de elementos que puedan ser utilizados en las investigaciones.
La iniciativa deberá ser discutida inicialmente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, como parte del trámite legislativo.
Fuente: Cámara de Representantes – Jennifer García
Acerca del autor
